Por: Vladimir "Vlady" Gómez
La seccional local de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) advirtió este viernes que iniciará una paralización indefinida de la docencia en este municipio a partir del próximo lunes 16 de noviembre, si la Policía Nacional no ofrece disculpas públicas por los incidentes registrados durante una protesta frente a las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).
La amenaza del gremio magisterial surge a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) fijó en 2019 un precedente vinculante que establece que las suspensiones prolongadas e indiscriminadas de clases vulneran el derecho fundamental a la educación de niños y adolescentes.
El presidente de la ADP en Bonao, Raúl Martínez, condicionó el desarrollo normal del calendario escolar a un desagravio institucional por parte del cuerpo del orden, tras los forcejeos ocurridos cuando educadores intentaban entregar un pliego de demandas a la empresa eléctrica. Los docentes protestaban por las altas facturaciones de energía, denunciando montos mensuales que oscilan entre los 45,000 y 60,000 pesos. Durante la manifestación se reportó el lanzamiento de objetos y bombas lacrimógenas, hechos cuyas circunstancias y responsabilidades aún no han sido esclarecidas.
Pérdida acumulada de horas de clase El llamado a huelga indefinida se suma a la reducción de horario que el sindicato aplica todos los viernes desde el pasado 6 de noviembre. Bajo la modalidad denominada "Viernes de lucha", la dirigencia magisterial instruyó despachar a los estudiantes a las 12:30 del mediodía, mientras los profesores permanecen en los centros educativos hasta las 3:00 de la tarde.
De acuerdo con los horarios oficiales del Ministerio de Educación, esta medida ya provoca una merma semanal de tres horas y media de docencia para los alumnos de jornada escolar extendida y de hasta cuatro horas para quienes asisten en la tanda vespertina.
El precedente jurídico del Tribunal Constitucional La advertencia de paralización choca directamente con la sentencia TC/0064/19, emitida el 13 de mayo de 2019 a raíz de un conflicto similar en Barahona entre la ADP y padres de familia afectados por la interrupción recurrente de la enseñanza.
En dicho dictamen, el Tribunal Constitucional rechazó un recurso interpuesto por el gremio y ratificó una sentencia de amparo que ordenaba el levantamiento inmediato de la huelga y el reintegro de los docentes a las aulas, manteniendo además una multa coercitiva de 50,000 pesos diarios en caso de desacato.
Si bien la alta corte reconoció el derecho legítimo de los maestros a reclamar reivindicaciones, delimitó el ejercicio de la protesta cuando esta compromete el calendario escolar, dictaminando que la educación pública gratuita y obligatoria adquiere la protección de un servicio esencial frente a paros progresivos o indefinidos.



