Por Vladimir Vlady Gómez
El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante el Decreto 818-26 la creación de una fuerza de tarea interinstitucional orientada a combatir el comercio ilícito, la evasión tributaria, las irregularidades laborales y migratorias, así como otras prácticas irregulares que distorsionan la libre competencia entre los establecimientos comerciales del país.
La disposición presidencial, rubricada el pasado 16 de noviembre, instituye un mecanismo unificado de coordinación entre los organismos encargados de fiscalizar los procesos de importación, distribución y comercialización de mercancías, facultándolos además para investigar posibles operaciones vinculadas al lavado de activos.
Alcance operativo e instituciones integrantes
Esta medida se adopta en el contexto de los recientes operativos de supervisión ejecutados por diversas autoridades en comercios del país —incluidos establecimientos de capital extranjero y propietarios chinos—, donde se han detectado presuntas infracciones a las normativas fiscales, sanitarias, migratorias y de trabajo.
La nueva fuerza de tarea dependerá funcionalmente del presidente de la República, operará bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia y contará con respaldo presupuestario del Ministerio de Hacienda y Economía. Su estructura integra a 14 representantes institucionales clave, entre los que figuran:
Los ministerios de Trabajo, Salud Pública, Industria, Comercio y Mipymes, y de la Vivienda y Edificaciones.
Las direcciones generales de Aduanas (DGA), Impuestos Internos (DGII) y Migración (DGM).
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps).
Plan Nacional e inspecciones bajo criterios técnicos
El decreto otorga un plazo de 30 días, a partir de su entrada en vigencia, para formular el Plan Nacional para la Integridad Comercial y el Combate al Comercio Ilícito, herramienta que definirá protocolos de fiscalización conjunta, cruce de inteligencia e información y monitoreo continuo en los sectores comerciales de mayor riesgo.
Asimismo, la normativa establece de forma expresa que todas las inspecciones deberán ejecutarse bajo estrictos criterios técnicos y objetivos, sin discriminación por nacionalidad ni por el origen del capital de las empresas fiscalizadas.
El organismo será encabezado por un director ejecutivo nombrado vía decreto presidencial y tendrá la obligación de rendir informes trimestrales al jefe de Estado sobre los avances y resultados obtenidos. Su mandato tendrá carácter temporal, disolviéndose una vez cumplidos los objetivos para los cuales fue instituido.



